desembre 2020 / LA COLUMNA

La vivienda: un debate siempre abierto

Luis Estrada

La historia de la vivienda ha evolucionado de modo notorio desde las cuevas de nuestros ancestros hasta las construcciones modernistas actuales. Buena prueba de ello son las mejoras prestacionales que han permitido consolidar la vivienda como el lugar por excelencia para desarrollar derechos fundamentales como la libertad o la intimidad. Las verídicas e incuestionables bondades de la vivienda constituyen una cara de la moneda. 

La otra cara de la moneda es su notable cotización en el mercado hipotecario pues es un activo financiero de primera necesidad. Esta parte de la realidad, que todos conocemos y algunos endiablan, existirá a menos que se elimine el intrínseco carácter mercantil de la vivienda.     

Presentado el objeto, debo advertirles que en este complejo problema tampoco existen fórmulas mágicas ni soluciones sencillas. Hasta tal punto es así que, bajo un ropaje simple, aparecen cuestiones con respuestas sumamente complicadas. Por ejemplo: ¿existe o debería existir un derecho universal a ser propietario de tu propia vivienda? o ¿es adecuado que no se concedan préstamos hipotecarios a aquellos que no los puedan pagar?

Al inicio del artículo se señalaban las dos notas definitorias de la vivienda: el aspecto social y el patrimonial. Esa dualidad desaparece cuando se analizan los intervinientes en el acceso a la vivienda, ya que pueden interceder hasta tres sujetos diferentes: arrendador/vendedor, arrendatario/comprador y el Estado. La actuación de los Poderes Públicos tiene especial importancia pues es el responsable de garantizar el acceso a la vivienda.

La actuación de los Poderes Públicos tiene especial importancia pues es el responsable de garantizar el acceso a la vivienda.

Es bien conocido el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada que obliga a las administraciones a promover las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho. Entre estas medidas, destaca la regulación del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación.

Así pues, el ejecutivo dispone de suelo público para hacer tangible el derecho al disfrute, que no tiene por qué significar propiedad, de una vivienda digna. A lo largo de la historia, el Estado ha asumido este deber principalmente a través del alquiler de inmuebles públicos o de la venta de viviendas públicas.

Sin embargo, en la actualidad el parque de vivienda pública es exiguo. Por ello, es necesario que los responsables públicos agarren el toro por los cuernos y empiecen a colaborar con los particulares para construir o reformar vivienda en suelo público.

En lo referente a la intervención de la Administración en el mercado, ésta debe cesar la imposición de obligaciones reales a los particulares que lejos de ser fruto del interés general, son una consecuencia de su dejadez de funciones. El efecto de esta política tiene el resultado que se puede observar en Alemania: aumento de la demanda, descenso de la oferta y aparición de un mercado negro en el que la usura se encuentra como Pedro por su casa.

El camino es claro: más y más y más vivienda en el mercado. Y, para hacer real este acceso, se debe incentivar al particular (fiscalmente o con protección jurídica) mientras que, a su vez, se recupere la vivienda pública existente a principios de la década de los 2000.

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